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| Observatorio Para el Desplazamiento Forzado.
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El
dinero para las víctimas de este pueblo de Bolívar sigue embolatado. Mientras
que las instituciones no saben a quién responsabilizar, la población está
perdiendo la fe en el proceso de reparación.
Dos meses después del homenaje a las víctimas de la masacre de Mampuján en el que altos funcionarios del
gobierno se comprometieron públicamente a cumplir con la reparación, lo único
que han recibido las 1.444 víctimas son negativas de las instituciones y avisos
de que no hay plata para hacer efectiva la reparación que fue ordenada por
la Corte Suprema de Justicia el 27 de abril
de 2011 al Fondo de Reparación. Ver Sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
La noche del 10 de marzo de 2000, los paramilitares del Bloque de los Héroes de
los Montes de María comandados por Úber Enrique
Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’ y Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego
Vecino’ entraron
a la vereda las Brisas del corregimiento de San Cayetano que colinda con
Mampuján y asesinaron a 12 campesinos señalandolos como auxiliadores de la
guerrilla. Luego de la masacre, los paramilitares
amenazaron a toda la población obligando a 180 familias de Mampuján y de las
Brisas a desplazarse huyendo del terror paramilitar.
La
sentencia de la Corte que ordenó el pago de 32 mil millones de pesos a las
víctimas de estos hechos, pero el Fondo de Reparación adscrito al Departamento
para la Prosperidad Social ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene
los recursos suficientes y que solo con un respaldo del presupuesto nacional
puede hacerse posible la reparación.
Esta afirmación generó
un conflicto de responsabilidades entre el Fondo y el Ministerio de Hacienda,
el cual fue resuelto por el Consejo de Estado
mediante un concepto que reafirma la obligación absoluta del Fondo y exime al Ministerio
de Hacienda del pago al no tener el Estado ninguna implicación en los hechos de
Mampuján, ya que según la Justicia este crimen fue cometido exclusivamente por
paramilitares.
Según Iris Marín del
Fondo de Reparación, los bienes que fueron entregados por los paramilitares que
cometieron los crímenes, Úber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho
Dique’ y Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’ están avaluados en 500
millones de pesos, es decir que apenas alcanzan a cubrir un 1,5% del monto
total a pagar.
Frente a la negativa del
Ministerio de Hacienda de cubrir el 98,5% restante, las víctimas ahora se preguntan de dónde va a salir la plata para
la reparación.
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“El día 18 de enero se dio una fecha para iniciar el proceso de reparación
individual, cambiaron la fecha sin notificarnos. Nunca nos explicaron los
motivos de este incumplimiento y luego el 12 de marzo, día del homenaje,
los funcionarios del Fondo de Reparación establecieron como nueva fecha limite
al 30 de abril. Ahora con sorpresa recibimos el comunicado del Ministerio de
Hacienda que dice que no se puede hacer desembolso porque no hay dinero para
destinar a las víctimas” afirmó, Julián Avendaño*, miembro de la comunidad
afectada.
El caso de Mampuján es
la prueba de fuego para la ley de víctimas al ser el único caso dentro de
Justicia y Paz que ha llegado a sentencia de reparación. Por esta razón,
para los magistrados del Tribunal de Bogotá que condenaron a Edwar Cobos Tellez
y Uber Enrique Banquez Martínez del Bloque Héroes de los Motes de María,
es preocupante que se estén presentando tantas trabas en el proceso.
Por esta razón, apenas
una semana antes de que el Consejo de Estado emitiera su fallo en el conflicto
entre el Fondo y el Ministerio, Uldi Teresa
Jiménez, magistrada encargada del caso, pidió mediante un auto acelerar el proceso a todas las
instituciones responsables so pena de ser investigados disciplinariamente de no
cumplir con los compromisos.
El Fondo de Reparación Vs el Ministerio de Hacienda
Luego de que el Ministerio de Hacienda se negara a cubrir los cerca de 30 mil
millones que quedarían pendientes de la reparación, Bruce Mac Master, director
del Departamento para la Prosperidad Social solicitó al Consejo de Estado
resolver este conflicto de responsabilidades que pone en duda la viabilidad de
la reparación.
Para los representantes del Fondo de Reparación, si se tiene en cuenta que existen 3.245 procesos en Justicia y Paz
con un potencial de 358.426 víctimas y que el Fondo tiene hasta la fecha
103.400 millones de pesos para reparar a todas las víctimas, se hace
indispensable el respaldo del Presupuesto Nacional, ya que de lo
contrario será imposible continuar con los procesos de reparación futuros.
El concepto del Consejo de Estado de fecha 24 de abril de 2012, respondió a la
consulta del Director del Departamento para la Prosperidad Social asegurando
que el Ministerio de Hacienda en representación del Estado no debe asumir el
excedente del monto de la reparación al no tener ningún tipo de responsabilidad
ni en la masacre de 13 campesinos ni en el desplazamiento de 180 familias de
Mampuján.
“No se puede poner en
pie de igualdad al Estado con los criminales de Mampuján, por consiguiente no corresponde
a la nación colombiana asumir la responsabilidad patrimonial de esta sentencia
de reparación”, dijo la sentencia.
Igualmente el concepto
ratifica lo contenido en la ley de Justicia y Paz y, la ley de víctimas según
las cuales solo los victimarios directos y los bloque paramilitares a los que
estos pertenecieron serán los responsables de asumir la carga económica de la
reparación.
En este caso en el que los bienes entregados por los condenados a Úber Enrique
Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’ y Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego
Vecino’ no son suficientes, se deberá acudir a los bienes entregados por
otros miembros del Bloque Héroes de los Montes de Maria para cumplir con la
reparación.
El problema para el
Fondo radica en que de hecho no hay más bienes entregados por ex miembros este
bloque.
La pregunta es entonces,
¿de dónde va a salir el resto de la plata para la reparación de las víctimas de
Mampuján?
Víctimas amenazadas y abandonadas
Desde enero de este año se han realizado dos audiencias
de seguimiento a este proceso de reparación por parte de los magistrados
encargados de Justicia y Paz, en las que las autoridades nacionales,
departamentales y municipales responsables, se han limitado a pedir plazos y a
dilatar el proceso.
“Aunque en enero del presente año el mismo vicepresidente de la República
entregó los títulos de las tierras a las víctimas, no hay una acompañamiento
real, incluso se han generado varios conflictos dentro de la comunidad porque
sienten que los están engañando”, aseguró a VerdadAbierta.com, Leonardo
Vega representante de la Defensoría del Pueblo en el caso de Mampuján.
En muchos casos las víctimas no han podido volver a sus tierras porque no
tienen el dinero para comenzar proyectos productivos o han recibido amenazas.
“Muchos de las victimas siguen exiliados y escondidos porque cuando
han intentado regresar los amenazan de muerte, de estos hechos
tienen conocimiento las autoridades pero no se han toman decisiones al
respecto”, agregó Leonardo Vega, abogado de las víctimas.
Según los representantes de las víctimas de la Defensoría del Pueblo,
hay una falta de seriedad por parte de las autoridades que se
comprometieron a ofrecer reparación y seguridad, compromisos que no han
cumplido a cabalidad.
Lo más preocupante para las 1.444 víctimas reconocidas en el caso de Mampuján,
es que según el Consejo de Estado y los nuevos decretos que ha expedido el
gobierno para resolver los problemas económicos de la reparación, los montos
asignados por la vía judicial se disminuirán casi a la mitad.
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De acuerdo con los decretos, en estos casos en los que no existan los fondos
suficientes para cumplir con lo ordenado judicialmente, el proceso se realizara
por la vía administrativa, con la cual, los montos máximos de reparación para
los casos de desplazamiento llegan a nueve millones de pesos y los de homicidio
a 17 millones de pesos aproximadamente.
Estas cifras no corresponden a lo ordenado por la Corte Suprema en la sentencia
en que las víctimas de desplazamiento recibirían en teoría un pago de 17
millones como “mínimo vital”, mientras que los familiares de los 13 campesinos
asesinatos contarían con una reparación de 40 millones de pesos.
En este punto las víctimas ya no le creen a las instituciones y
solo piden que se cesen las falsas promesas y se les diga la verdad.
*Algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las víctimas.
